LA ENFERMEDAD

En relativamente poco tiempo, los resultados de la década ganada han salido a la luz.  Los escándalos de corrupción que el público ha logrado conocer son producto de las investigaciones de los poderes judiciales de otros países.  Mientras tanto,  nuestras instituciones de control hacían lo imposible para encubrir lo que eran delitos de magnitudes regionales.  Consecuencia de eso, están en prisión el ex vicepresidente electo, el ex presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y otras personas relacionadas.  Algo que pocos anticipábamos después de las últimas elecciones presidenciales.

Los medios de comunicación nacionales más valientes, filtraron las noticias de estos y varios casos más como los de los Panama Papers y el plagio de Fernando Balda en Bogotá, planificado por la policía nacional con los recursos de los contribuyentes ecuatorianos y el presunto conocimiento de las altas esferas del gobierno anterior. 

Analizando el pasado, ratificamos que ese era el fin de declarar a la comunicación como un servicio público y no como lo que es: un derecho humano requerido para que la ciudadanía pueda defenderse de estas y otras transgresiones del poder público. Todo estaba diseñado para cometer delitos y mantenerlos en impunidad.

Los delitos contra la eficiencia de la administración pública perpetrados durante la época de mayores ingresos petroleros de la historia republicana; las relaciones con las FARC; la injerencia del Consejo de la Judicatura para controlar los fallos judiciales y la vergonzosa gestión de la cancillería, continuaran repercutiendo por la falta de respeto al Estado de derecho.  Lo que ocurrió en el gobierno pasado es demasiado fuerte como para pasar desapercibido y evitar la justicia.   

El presidente Moreno escogió el camino de la legalidad.  Si persevera, pasará a la historia como un estadista.  Aplicó lo que Ortega y Gasset advertía: “Peor que tener una enfermedad es ser una enfermedad”.

Hay que agradecerle.  Hubiera sido más cómodo para su gestión el mantener las prácticas ilegítimas que el gobierno anterior blindó para que él pueda prolongar su uso.     

Después de un año de gobierno, el presidente percibió que sus ministros de finanzas no sirvieron para lo básico: lograr la sostenibilidad financiera del sector público.  Insistían en un Estado que asfixie la iniciativa individual, justificándolo con el nacionalismo o el colectivismo que tanto perjuicio nos ha causado.  Sus dogmas les impidieron obrar constructivamente y decidió algo positivo: corrigió.

El nombramiento del nuevo ministro de finanzas ofrece confianza.  Los mercados perciben que es un economista pragmático.  Una persona que puede permitir que se aprovechen las oportunidades para los nacionales, por ser un mercado pequeño.  A algunas multinacionales no les interesa venir por ese motivo y únicamente prefieren representaciones cuando exista un ambiente de seguridad jurídica. 

Para atraer todo tipo de inversiones, se requieren incentivos para la libre competencia sin privilegios.  Las leyes tributarias deben ser de aplicación general, sin excusas.

Varias personas del gobierno pueden proyectarse al hacer lo correcto: mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos mediante políticas económicas acertadas y facilitando el debido proceso de las causas judiciales que van a ir iniciándose.  El futuro de ellos y de nosotros está en sus manos.