EL MONOPOLIO DE LOS SEGUROS PÚBLICOS
Si
quiero comprar algo, cotizo con varios vendedores para ver quién me ofrece el
mejor precio y servicio. En base a eso
decido. Más aún, si mi situación
financiera implica más egresos que ingresos, como es el caso del presupuesto
general del Estado ecuatoriano.
Es
economía doméstica. Hay que buscar el
mejor precio para comprar. Pero ciertos
funcionarios públicos defienden el monopolio de la compañía de seguros estatal
para asegurar los activos y personas que trabajan en el sector público.
Lo
justifican de diversas maneras. Declaran
que los oficios circulares prevalecen sobre leyes especiales y generales. O que las primas para asegurar los riesgos
públicos son porcentualmente insignificantes en relación al mercado de seguros
total. Traducción: que no molesten las
aseguradoras privadas legalmente aprobadas para operar en el Ecuador (que son
la mayoría) y que dejen tranquilos a los funcionarios públicos que administran
los seguros del Estado.
Suena
a que nos les gusta la libre competencia, ni la transparencia o lo expresado en
la Ley.
Sin
embargo, ciertos administradores públicos diligentes, han permitido concursar
también a las compañías de seguros privadas y en esos casos, se ha demostrado
que el Estado ahorra bastante dinero cuando una empresa de seguros privada gana
la licitación.
Eso
es lo que nos conviene a nosotros, los contribuyentes. Evita que algún trasnochado dogmático del
socialismo del siglo XXI se le ocurra crear más impuestos o incrementarlos, en
lugar de derogarlos para ser más competitivos y generar más empleos adecuados.
Con
el agravante de que algunos siniestros de la aseguradora pública no han sido
debidamente honrados a pesar de haber estado cubiertos por la póliza. Eso también nos cuesta a los contribuyentes,
porque aquellas instituciones públicas que tuvieron siniestros tendrán que
encontrar la forma de resarcir las pérdidas no indemnizadas. Es decir: más impuestos o agravación del
déficit fiscal. Algo que pagamos todos.
La
idea no es que desaparezca la compañía de seguros estatal, sino que compita en
igualdad de condiciones con las privadas.
Que gane la mejor. En buena lid.
A eso se oponen nuestros servidores públicos.
Lo
que están haciendo incumple los objetivos ordenados por el Presidente de la
República en relación a la transparencia y la reducción del déficit
fiscal. Una situación digna de
investigar.
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