NORMAS QUE PERJUDICAN

En el 2008, la Asamblea Constituyente, expidió el Mandato Constituyente No 8 en el que resolvió eliminar la tercerización de servicios complementarios, la intermediación laboral generalizada y la contratación por horas.  Según la mayoría oficialista de aquella época, esas eran formas de precarizar las relaciones laborales.  Para disminuir el impacto de la eliminación de la contratación por horas, la revolución ciudadana trató de promover la jornada parcial en el mismo mandato y en un reglamento decretado por el presidente Correa.  El resultado final fue que se tornó más complicado contratar a un trabajador bajo esa modalidad, porque los patronos deben enfrentar resoluciones del IESS que disponen que el empleador de un trabajador a tiempo parcial tenga que pagar aportes de por lo menos el 50 % del salario básico mensual y registrar un mínimo de 15 días de aportación al mes, sin importar el tiempo que realmente trabajó.  Las reoluciones del IESS superan lo dispuesto por el Código de Trabajo, que determina que al trabajdor se le pague considerando el tiempo trabajado en relación al salario básico, pero no establece un mínimo de días, ni porcentajes de pago.  Para agravar la situación, el Código de la Producción determina que aquellos trabajadores que no logren percibir el salario digno, deben recibir una compensación económica al final del año para llegar a esa suma.

Miles de personas ha perdido sus empleos por este tipo de legislación.  Un 5.1 % de la población urbana económicamente activa se encuentra desempleada y un 44.2 % sobrevive mediante el subempleo, es decir, gana menos que la remuneración básica o aunque percibe ese valor, se encuentra inconforme con su trabajo.  El panorama recrudece cuando el gobierno logra la aprobación de la pregunta 7 de la consulta popular del 2011, prohibiendo el funcionamiento de casinos y salas de juego; dejando sin laborar a otras 8.200 personas especializadas en un tipo de trabajo que ya no les va a servir en el Ecuador.  Actualmente los jugadores envían su dinero al exterior mediante páginas de Internet que promueven juegos de azar.  El gobierno ha dejado de percibir impuestos.  Los tahúres seguirán apostando de manera ilegal.

Nuevamente se ha perjudicado a los más débiles de la sociedad por enunciados populistas.  Primero, a las personas que solamente podían y necesitaban trabajar por horas.  Después, a los empleados de compañías de juegos de azar.  Los recursos de esas empresas serán invertidos en otros países.  Es fundamental que se evalúen las normas legales que causan estos males.  Se deben revisar las resoluciones que complican la contratación mediante jornada parcial, prohíbe la contratación por horas y eliminan o dificultan las creación de nuevos empleos.  Así nos uniremos al futuro de aquellos países que lograron disminuir los costos de contratación laboral en beneficio de la economía ecuatoriana.  Con solidaridad bien entendida.