LOS COMEDIDOS

Un juez temporal fue quien aceptó una acción de protección para evitar la ubicación del monumento a León Febres Cordero en el barrio Las Peñas de Guayaquil. Pareciera que ya no existen jueces titulares en la Función Judicial de la revolución ciudadana. La acción fue interpuesta por Diabluma. Lo que nos lleva a preguntarnos ¿quiénes son estos señores preocupados por el ornato de Guayaquil? Según su propio blog, es una “organización político cultural de la izquierda radical” de Quito que usará “todos los medios que se requieran para impedir que se coloque la estatua de León Febres Cordero, pues no es posible que se irrespete así la memoria de las personas muertas bajo su sistema de terror y represión”. Las únicas personas que fueron reprimidas durante ese gobierno fueron los ex integrantes del movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo, a quien nadie obligó a participar en actos delictivos, sino que lo hicieron por decisión propia para desestabilizar al régimen establecido y obtener por medio de la violencia el poder que no podían alcanzar con el voto popular. Hoy, los ex Alfaro Vive participan en el gobierno.

El argumento de Diabluma no concuerda con el esgrimido por la Ministra Coordinadora de Patrimonio Nacional, quien afirma que su activa participación en contra de esta decisión municipal se debe a su interés en defender un barrio de Guayaquil declarado patrimonio nacional y que la escultura de Febres Cordero alteraría la armonía de arquitectónica de Las Peñas. Hay que darle crédito a Diabluma, por lo menos son sinceros.

Durante el proceso de la acción de protección Diabluma no sustentó su demanda con un informe técnico que determine el grave daño al patrimonio nacional que se produciría en Las Peñas por erguir el monumento en ese sector, ni se precisaron los derechos constitucionales vulnerados como consecuencia de ese acto. Además fuimos testigos del hecho de que en una supuesta democracia un juez temporal dicte una sentencia en un cuartel policial, en lugar de hacerlo en dependencias de la Función Judicial.

La Ministra fundamenta su intromisión en una ley especial: la Ley de Patrimonio Cultural. Pero ninguna ley especial prima sobre la Constitución, que en su artículo 264 fija dentro de las competencias exclusivas de los municipios el preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para esos fines. El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomía y Descentralización corrobora la resolución del Concejo Municipal y lo determinado en la Constitución. La triste actuación de la Ministra contribuye al agotamiento del modelo político del oficialismo, fortalece la lucha por la verdadera autonomía municipal guayaquileña y nos obliga a exigir un sistema judicial independiente.

Al Municipio y a los guayaquileños no nos queda más que ejercer el derecho constitucional a la resistencia frente a esta nueva transgresión de derechos constitucionales. Mientras tanto, sugiero a los señores de la izquierda radical que dejen de preocuparse. Les informo formalmente que el ingeniero Febres Cordero falleció hace tres años. Fue Presidente de la República y un excelente Alcalde de Guayaquil. Un personaje histórico con errores y aciertos. Perseguir a los insurgentes salvaguardando el bienestar general no fue una de sus equivocaciones.