SIMPLICIDAD

He escuchado a representantes de institucionales internacionales importantes  comentar que la informalidad ha subido en Latinoamérica.  Parecen sugerir que es culpa del sector privado.

Su posición de burócratas los aleja de la realidad.  El incremento es ocasionado por lo difícil que es ser un empresario formal en la región.  Y cuando digo ser, me refiero a convertirse en formal y mantenerse formal.

La dificultad radica en lo oneroso y complicado que significa.  El tener el tiempo y dinero para cumplir con un exceso de trámites públicos comparados con lo que exigen países desarrollados. Ese es uno de los factores en los que siempre salimos mal parados en los estudios internacionales de negocios. 

Nadie quiere ser informal, pero empujan al emprendedor a eso, con todas las desventajas que conlleva.

En Ecuador existen instituciones como el INEN, que por proteccionismo, inventa normativas difíciles o imposibles de cumplir, para supuestamente precautelar la calidad de los productos importados.  Lo correcto sería homologar las certificaciones emitidas por instituciones internacionales reconocidas a nivel mundial.  Esa misma normativa de calidad no se exige con tanto ahínco a empresas que fabrican productos en el Ecuador.

Lo mismo ocurre con el mercado laboral.  La legislación de trabajo es tan inflexible que no permite que se unan la oferta y la demanda laboral, impulsando la informalidad. 

Las autoridades de elección popular cometen el error de no crear nuevas modalidades de contrato de trabajo porque evitan enfrentarse a sindicatos, hoy débiles, que representan a los trabajadores que tienen empleo adecuado; dejando de lado a los millones de desempleados sin voz que sí estarían interesados en integrar la fuerza laboral formal mediante contratos por hora o a plazo fijo, por ejemplo.  Si se logra  incrementar el empleo adecuado, las autoridades tendrían motivos de sobra para ser reconocidas por su gestión histórica. 

Otra causa es la inacción de los servidores públicos que integran función judicial y la función de transparencia en sancionar la corrupción de aquellos que se enriquecen ilícitamente aprovechando las dificultades que genera un sistema con exceso de tramitología. 

La presión tributaria es otro factor que alimenta la informalidad.  Existen demasiados impuestos y obligaciones que pagar.  El FMI dice que es muy baja, pero no contabiliza lo que hay que pagar aranceles, utilidades, ni la variedad de diferentes tributos municipales a lo largo y ancho del país, ni lo que tenemos que aportar al IESS sin que podamos obtener los servicios y beneficios de calidad que los aportantes requerimos.

  

Si los aranceles a las importaciones son superiores al promedio de la región, eso encarece el precio final del producto, evitando que el consumidor lo compre.  En definitiva, una política económica de ese tipo fomenta el contrabando, la informalidad y la evasión de impuestos, pero no la productividad, bienestar del ciudadano o la recaudación tributaria.

El gobierno le debe a la ciudadanía algo que es posible y que beneficiará a todos: la simplificación de los trámites, la reducción y derogación de ciertos impuestos, cambio del modelo de seguridad social, la disminución de aranceles y la flexibilidad laboral.

 

En esos elementos radica la informalidad y la posibilidad de mejorar el poder adquisitivo del contribuyente, principal beneficiario de la gestión pública.  No en el sector privado.