DESDE EL FUTURO
Llevamos meses discutiendo sobre los cambios que son
necesarios implementar para no volver a decrecer económicamente como país. La función legislativa, manejada por el
socialismo del siglo XXI, con su mentalidad restrictiva del comercio, quiere
más de lo mismo y para lograrlo, aspiraba convocar a la Asamblea
Constituyente. El presidente escogió la
vía de la consulta popular.
Espero que entre las preguntas de la consulta popular
no se encuentre la convocatoria a una Asamblea Constituyente, porque no
encuentro a muchas personas serias interesadas en participar como candidatos a
ese tipo de asambleísmo. El motivo es
que la campaña para lograr un escaño de asambleísta constituyente cuesta cientos
de miles de dólares. Entonces, quienes
se interesan son los otros: los políticos profesionales que nunca han producido
o sufrido para pagar un rol de pagos.
Los alza manos de ciertos partidos políticos que tienen estructura y
financiamiento.
Solamente existen dos visiones en el mundo: la
fiscalista y la de un Estado que gaste menos para que el ciudadano tenga más
dinero en su bolsillo con el que pueda emprender y consumir más. Los últimos diez años nos dominó la primera,
convirtiéndonos en el país dolarizado más caro del mundo. ¿Esto fue bueno para la competitividad?
No. ¿Mejoró el poder adquisitivo de cada
uno de nosotros o la generación de empleo adecuado? Tampoco.
Sin embargo, pareciera que la oposición legislativa
centrada con mayoría en el socialismo del siglo XXI, anhela seguir por la senda
de la última década. Es obvio que los
resultados no van a ser diferentes, sino que serán peores, porque por lo menos
en este momento, el empresariado tiene esperanzas de cambio. Cuando estas se desvanezcan, no vendrá la
inversión, pero sí las consecuencias.
En agosto constatamos cómo el SRI recaudó más durante un
ligero crecimiento económico producto de la derogación de las salvaguardias y
la reducción de dos puntos del IVA en el mes de junio. Ahora, imaginémonos los resultados favorables
que se producirían si se deroga el anticipo de impuesto a la renta y el
impuesto a la salida de divisas; se modifica la Ley de Plusvalía; se suscitan más
modalidades de contratación laboral; se reducen los costos de la energía
necesaria para producir competitivamente; se logra mayor eficiencia en las
compras públicas para no dilapidar recursos; se mejoran las condiciones de financiamiento y se cumple con el
drawback para el sector exportador.
Algunos de estos temas deberían ir a la consulta popular para que el
reducto correísta en la SENPLADES no impida estas mejoras.
Ecuador es un país pequeño. No por su superficie, porque existen países
con territorios menos extensos que multiplican nuestro PIB y no cuentan con riquezas
naturales. Es pequeño en cuanto a su
forma limitada de pensar. No está
consciente que el siglo XXI está marcado por la tecnología, globalización,
innovación y competencia. Perdemos tiempo debatiendo cosas que ya
fueron superadas en el horizonte de los países que tienen una calidad de vida
superior. El tren hacia un futuro próspero
está arrancando sin nosotros, pero podemos alcanzarlo.
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