LA HEMORRAGIA

Somos testigos de cómo varios ex funcionarios públicos son procesados mientras otros están prófugos.  No se lo esperaban.  Se nota, porque no son delitos científicos.  Se cometieron a mansalva.  Protegidos bajo el manto de encubrimiento de los organismos públicos de control y de las funciones del Estado.  La frase del ex presidente Correa resume el ambiente propicio para la corrupción: “el pago de Oderbrecht a Mosquera no es coima porque ya no era Ministro”.  Es decir, se inventó el concepto de corrupción diferida.

Miles de millones de dólares fueron despilfarrados por la corrupción que continúa vigente mediante los mecanismos de compras públicas establecidos por el Correísmo, en los que se obliga a las instituciones públicas a comprar bienes y servicios por valores hasta cuatro veces más altos que los precios del mercado.

Las obras de infraestructura, que tanto cacareo merecieron por los cómplices del socialismo del siglo XXI, tuvieron sobreprecio.  No fueron concesionadas al sector privado, porque no le convenía a los corruptos que la empresa privada las financie. Algo amoral, porque con los miles de millones de dólares del erario que se pudieron haber ahorrado, se habría beneficiado a los más desprotegidos de la sociedad.

Durante el Correato, la corrupción de funcionarios públicos quebró a las empresas incautadas.  Enviando al desempleo y al subempleo a miles de personas.

El Estado sigue jugando a ser empresario: empresas públicas aéreas, medios de comunicación, cementeras, almaceneras y otras de los sectores “estratégicos” pierden dinero.  Nuestro dinero.  Porque esas compañías se financian con los impuestos que pagamos.  Produciendo una hemorragia agravada por la corrupción.

El gobierno no es un buen administrador.  Ese no es un fenómeno exclusivo del Ecuador, ocurre en todos los países.  Pocos administran diligentemente lo que no es de su propiedad cuando carecen de un interés económico importante.  En esa situación,  se debe controlar más al administrador.  Aquí sucedió lo contrario. 

De allí que sería recomendable delegar al sector privado los servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar.  Así como la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables.  A la mayor cantidad de compañías especializadas, para que compitan, beneficiando a los usuarios mediante calidad y precio.

Sí existen recursos en el sector público.  Los más altos de la historia republicana.  Lo que pasa es que los fondos públicos se van en la hemorragia de la corrupción.  Detenerla y desmotivarla, con el mayor rigor de la Ley, tiene que ser nuestro norte.  Estos delincuentes deben devolver hasta el último centavo producto de peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, usurpación de funciones públicas, lavado de activos y testaferrismo. Que se queden sin nada. 

Incrementar los impuestos y las restricciones comerciales agudizarían el círculo vicioso, mientras empobrecen al ciudadano común.  Ya lo hemos vivido.  Estamos constatando la mejora en la economía desde que firmamos un acuerdo con la Unión Europea, se redujo el IVA y se derogaron las salvaguardias. 

Moraleja: debemos fomentar la productividad y la competitividad, mientras sancionamos a los corruptos.  Lo contrario es enviarles a nuestros jóvenes el mensaje de que es mejor ser funcionario público y transitar por el camino del dinero fácil de los contratos estatales, que trabajar honestamente.