ASESINATO DE REPUTACIÓN

La propaganda nazi antisemita usó este recurso con efectividad.  Por lo general, los crímenes de lesa humanidad fueron precedidos por una campaña de este tipo, considerada terrorismo estatal.  El asesinato de la reputación es un proceso sostenido que pretende destruir la credibilidad de una persona, institución o grupo social mediante acusaciones falsas, fomento de rumores y manipulación de la información.

Llama la atención que un periódico estatal, financiado por nuestros impuestos, ataque a una persona con ese fin. Dedicándole un editorial institucional e inventando noticias que incurren en el delito penal de la calumnia y en la responsabilidad solidaria civil del medio de comunicación que publicó la falsa noticia.  Inmediatamente, los mal habidos canales de televisión públicos replican la noticia usando la publicación como fuente o se generan cadenas nacionales y pronunciamientos políticos de funcionarios públicos, que deberían ser técnicos, para continuar la agresión al crítico, no a sus opiniones.  Así es como gastan nuestros tributos.    Una demostración más de la vigencia de la Ley del Embudo: permisiva cuando el abuso viene de personas del sector público, pero arbitraria con quienes les caen mal a los mandatarios.

En las redes sociales es más fácil diseminar falsedades o provocaciones a través de trols, cuyos honorarios también son pagados con nuestros impuestos.  Contratistas del Estado que cada día tienen menos argumentos, porque tras tantos años de gobierno, hemos constatado las consecuencias de aplicar un modelo económico que, desde el siglo XIX, ha fracasado en todos los lugares que se lo  implementó.

Y después piden que contribuyamos.  Que seamos solidarios y paguemos más tributos que serán usados contra una parte de la población.  Hemos olvidado que quienes nos agobian con impuestos son servidores públicos contratados para administrar eficientemente la cosa pública, no para gastar improductivamente lo que les ingresa a las arcas estatales.  Se han confundido o les hemos permitido hacerlo. Piensan que deben castigarnos con más impuestos para continuar despilfarrando recursos públicos que le pertenecen a la sociedad civil, fruto de su trabajo, no a ellos, como lo exigían las monarquías del siglo XVIII.   

Ciertos medios de comunicación públicos pierden dinero y alguno ya quebró por mala administración.  Las compañías privadas les compran poca publicidad por su baja aceptación entre lectores, que notan que la información proporcionada no es veraz;  pero también, como resultado de incoherencias que el régimen ha promovido, encareciendo el costo que las empresas tendrían que pagar para  publicitar productos y servicios en medios de comunicación tradicionales públicos o privados.