EL “SUPERÁVIT” DEL IESS

Si mañana destituyeran al presidente del consejo directivo del IESS y lo reemplazaran por un administrador profesional de empresas de seguros, tendría que hacer varias cosas.  Primero, obligar al Estado central a pagarle los mil ochocientos setenta y cinco millones de dólares adeudados.  Segundo: cobrarle al Estado los desembolsos de salud del IESS, como consecuencia de la contribución obligatoria del Estado ordenada en la Ley de Seguridad Social.  Tercero: solicitar los cálculos actuariales para conocer cuánto realmente se debería aportar para cubrir todas las prestaciones ofrecidas por la Ley y que el IESS está obligado a cumplir; lo que implicaría el incremento de los aportes que los empleados, empleadores y el Estado realizamos al IESS.  Cuarto: reducir el excesivo gasto que tiene la institución.  Quinto: cerrar los hospitales del IESS, que son parte del gasto exagerado que no genera un servicio eficiente para los afiliados.  Es por eso que se derivan los pacientes a hospitales privados.

Ese administrador profesional tendría que ser despedido a las pocas semanas de su contratación, porque el IESS se maneja política y no profesionalmente.  Hoy, a pesar del déficit, quieren construir más hospitales, cuando no pueden operar eficazmente los actuales.  Para declarar que se continúa construyendo infraestructura.  Mientras tanto, el IESS no tiene recursos económicos para pagarles a las clínicas privadas prestadoras de servicios. 

Las soluciones propuestas por el presidente del consejo directivo del IESS, no son matemáticas, como hacen las aseguradoras privadas.  Se pretende que los afiliados contribuyamos el 5.76 % para el fondo de invalidez, vejez y muerte y no el 9.44%, como es en la actualidad.  El aporte del riesgo de trabajo se reduce del 0.55 % al 0.20%.  En cambio, el aporte para el fondo de salud se incrementa del 5.71 al 9.94 %.  Esta fórmula tampoco es la salvación, porque según las proyecciones actuariales, los resultados entre los ingresos y los egresos también serían deficitarios desde el 2015 en adelante.  Con el agravante que es del fondo de pensiones desde donde se toman los dineros para otorgar préstamos quirografarios e hipotecarios, por lo que sería imposible continuar haciéndolos.   

Esa solución parche, sumada a la deuda del Estado con el IESS; a la reciente eliminación del aporte del 40 % para el pago de las pensiones jubilares, mediante la reforma al artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, para ahorrarse mil millones de dólares anuales (infringiendo el artículo 371 de la Constitución) y la pésima administración de un monopolio público, recortaría la vida del fondo de pensiones a cinco años.  Según la Ley de Seguridad Social reformada, el Estado tendría que aportar subsidiariamente para que no colapse el fondo de pensiones, pero ¿cuál gobierno podría incorporar al presupuesto general del Estado tres mil millones de dólares anuales por ese concepto?

Cuando los pacientes no están afiliados al IESS, son derivados por el Ministerio de Salud a las clínicas privadas.  Todo funcionaría bien si es que el Ministerio de Salud les pagara a los centros de salud privados.  Actualmente les deben cinco meses y esa cartera de Estado los ha obligado, mediante medidas cautelares, a seguir atendiendo pacientes.  El mundo no funciona sin dinero y las clínicas privadas están al borde de la quiebra porque tienen que seguir comprando insumos y cumplir con las obligaciones que todo negocio tiene.

El IESS no es superavitario.  Todo lo contrario.  El sistema de seguridad social monopólico ha colapsado. En cambio en Chile, el sistema de capitalización individual privado de las inversiones para las pensiones jubilares tiene ahorrados ciento cincuenta mil millones de dólares.  Cada chileno conoce cuánto tiene ahorrado y su rentabilidad.  Ese dinero genera fondos para que se desarrolle la economía de ese país.  En Ecuador tenemos tan solo ocho mil millones, aunque las poblaciones de ambos países son parecidas.  La diferencia es que la gestión de acá no es técnica.

El sistema de seguro de salud también podría ser administrado por empresas de medicina prepagada.  Como en Chile o en Colombia, que son modelos exitosos.  No podemos seguir manejando esto políticamente, sino económicamente.  Si eliminamos la ideología, los ecuatorianos obtendremos soluciones pragmáticas que nos permitirán vivir mejor en libertad.  La seguridad social es fundamental.  Hasta eso, el Estado está obligado a pagarle al IESS lo que le debe.