CUBRIENDO LAS ESPALDAS

Todo tiene un comienzo y un final.  Si no me cree, veamos lo que sucedió en Argentina.  El fin del peronismo y el comienzo de las tendencias de libertad.  Los gobiernos que restringen el libre comercio comienzan a quedar aislados. 

Aparentemente el oficialismo local ha tomado nota.  Tal vez por eso intentan reformar las competencias de la Contraloría General del Estado, sin ir al referéndum.

La reforma (mal llamada enmienda) de los artículos 211 y 212 de la Constitución pretende eliminar la auditoría de gestión.  Me explico.  Cuando una institución pública elabora un presupuesto o contrata un proyecto, es a la Contraloría a quien le toca verificar que sus administradores cumplan con lo establecido en ellos. La reforma pretende evitar que se realice un control a la gestión, quedando la Contraloría como una mera verificadora de la existencia de facturas para el respaldo contable de los gastos.   

Con esa reforma, que modifica el alcance del organismo de control y sus atribuciones, la Contraloría no podría analizar, como cualquier auditoria universalmente aceptada, si por ejemplo se respetaron los procedimientos legales para los concursos públicos; o si el presidente se extralimitó en los gastos internacionales suyos y los de su comitiva o si algún funcionario público compró cosas que no se encontraban en el presupuesto.  También institucionaliza el incumplimiento en el pago a los contratistas estatales, porque ante la falta de control en la ejecución de los presupuestos y contratos, los servidores públicos tendrían discrecionalidad sobre el uso de los dineros públicos.  De nuestro dinero, pagado con esfuerzo, vía impuestos.

Los informes de la Contraloría han servido en los últimos cuarenta años como herramientas gerenciales.  Que ayudaron al consejo directivo del IESS a tomar decisiones o a permitir que un alcalde tenga la seguridad de que alguno de sus directores de área haya ejecutado las contrataciones municipales  respetando lo establecido en la Ley y los procedimientos contractuales.  Un buen sistema de auditoria pública permite verificar que la rendición de cuentas sea confiable.

Si esta reforma a la Constitución es aprobada por la Asamblea Nacional, será el antecedente a la posterior reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, con lo cual se eliminará la facultad establecida en el artículo 71 que ese organismo tiene para pronunciarse sobre las actividades de la instituciones del Estado, y los actos de las personas sujetas a esa Ley, así como para determinar responsabilidades, en los últimos siete años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos; dejándolas sin castigo y allanando el camino para que se realicen futuros ilícitos con el erario público, mientras a la ciudadanía le exigen mayor tributación con el cuento de la solidaridad.

Con esta reforma, la Asamblea Nacional afectará las competencias de otros poderes del Estado, como la Función de Transparencia y Control Social, de la que la Contraloría General del Estado forma parte.  Eso significa una alteración de la estructura de poder del Estado, vulnerando los sistemas de pesos y contrapesos esenciales en un Estado de derecho.  Se requiere una reforma vía referéndum y no una simple enmienda para que sea posible afirmar que en nuestro país existe seguridad jurídica.