LA TRISTE HISTORIA DEL IMPUESTO DEL DOS POR MIL

La Ley 70-06 creó el impuesto del dos por mil al capital de las empresas domiciliadas en el cantón Guayaquil dedicadas a actividades comerciales, bancarias e industriales, con el fin de construir, equipar y mantener el hospital de la Universidad de Guayaquil.  Esa Ley constituye el hecho generador del impuesto.

Según el Registro Oficial No. 26 del 28 de febrero del año 2000, las normas relacionadas con el sistema del hospital de la Universidad de Guayaquil, entre estas la Ley 70-06, fueron codificadas por la Comisión de Legislación y Codificación del anterior Congreso Nacional.  Codificar significa ordenar un cuerpo de leyes en formar sistemática.  Nada más.

En el Registro oficial del 12 de septiembre del 2014, el Código Orgánico, Monetario y Financiero, publicado El numeral 27 del capítulo 2 de las Derogatorias determina que “…se derogan expresamente las siguientes leyes con todos sus reformas y reglamentos: 27.- Ley No. 70-06, publicada en el Registro Oficial No. 413 de 17 de abril de 1970.”. Es decir, se elimina el hecho generador del impuesto.

La tesis oficialista sostiene que como el artículo final de la codificación exige que cualquier derogatoria a la misma sea expresa, la Ley 70-06 sigue vigente.  Ese argumento no tiene asidero, porque conforme a la Constitución del año 1998, la labor de codificación no facultaba a la comisión a modificar leyes, solo a sistematizarlas y ordenarlas.  Además, los artículos  425 y 133 de la Constitución vigente,  determinan que las leyes orgánicas prevalecen sobre las leyes ordinarias y como la derogatoria se realizó mediante el Código Orgánico Monetario y Financiero, queda claro que la ley ordinaria 70-06 fue derogada. 

Lo interesante es que desde el 17 de mayo del 2013, es el Ministerio de Salud Pública quien administra el Hospital Universitario de Guayaquil, por lo que habría que investigar qué hizo la Universidad de Guayaquil con los recursos captados mediante este cobro indebido.  Preocupa que en el futuro, el poder ejecutivo alegue que como es él quien administra el hospital, se reactive la vigencia del impuesto del dos por mil, pero ordenen que sea el SRI quien deba recaudarlo, no la Universidad de Guayaquil. 

Todo esto sucede cuando el gobierno afirma querer trabajar en conjunto con el sector privado; y es justamente en el proyecto de ley de alianza público privado, donde se sugiere revivir este impuesto zombi.  Eso es una mala señal por parte del poder ejecutivo hacia el sector privado del cantón Guayaquil, pero una oportunidad para que los asambleístas ratifiquen que el impuesto del dos por mil se encuentra derogado.

Debates como estos afectan la competitividad de Guayaquil, porque tendría un impuesto que los demás cantones no tienen y que origina que la inversión se desvíe hacia otro cantón o país.   Los impuestos significan el fracaso de la creatividad y si este impuesto existiera, implica que los precios en el cantón Guayaquil son más altos como consecuencia de él.  Pero lo más triste, es la falta de seguridad jurídica que representa que una institución realice cobros indebidos de dineros sin el amparo de un hecho generador.