ES LA ECONOMÍA, ESTÚPIDO

Somos testigos de la disminución de ventas y empleos.  El riesgo país continúa subiendo.  No vemos señales de interés por firmar los acuerdos comerciales que el país requiere para incrementar su mercado de consumidores.  Tampoco la intención de fomentar la productividad y el libre comercio. 

Mientras tanto, los titulares en los medios presentan el proyecto de alianzas público privada como panacea. El proyecto de Ley de alianzas público privadas debería mantener la simplicidad de lo establecido en la Ley de Modernización vigente desde 1993.  El capítulo V de ese cuerpo legal (De la Desmonopolización, Delegación de Servicios Públicos a la Iniciativa Privada y Privatización), contempla desde el artículo 41 hasta el 48, la posibilidad de la participación del sector privado en la explotación de servicios públicos.  Ese modelo fue usado exitosamente en procesos como los de la telefonía celular, autopistas, agua potable, etcétera, y permite utilizar cualquier figura contractual por el derecho administrativo.  Solamente habría que promulgar los beneficios tributarios y tendríamos una mejor alianza público privada que la que el proyecto ofrece. 

El artículo 41 de la Ley de Modernización vigente establece que “El Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de los servicios de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar.  La participación de las empresas mixtas o privadas se hará mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual o administrativa de acuerdo con la ley.  El Estado cumplirá con su obligación de atender la educación y la salud pública de los ecuatorianos conforme los mandatos de la Constitución y sin perjuicio de la actividad que, en dichas áreas, cumpla el sector privado.

La exploración y explotación de los recursos naturales no renovables cuya propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado, podrá hacerse a través de empresas públicas, mixtas o privadas”. 

Después de leer este y los siete artículos subsiguientes de la Ley de Modernización, uno llega a la conclusión de que el proyecto de alianza público privada es una distracción legal más, que intenta anteponer el dogmatismo izquierdoso al sentido común.  Los indicadores continuarán cayendo hasta que suceda lo contrario.  Los únicos que seguirán viviendo como reyes serán los servidores públicos, quienes subsisten de la productividad ajena.