RASPANDO LA OLLA

El ser propietario del espacio radioeléctrico no le da derecho al Estado a apropiarse de las utilidades de los trabadores de las empresas de telecomunicaciones o de las mineras.  Apoderarse del aire, de las minas y los yacimientos no tiene relación con las utilidades de los trabajadores, como lo ha querido explicar el poder ejecutivo.  Son dos cosas que no pueden vincularse.  La Constitución de Montecristi, hecha a la medida de la revolución ciudadana, determina que los derechos de los trabajadores son intangibles y cualquier estipulación en contrario es nula. 

El Estado depende del petróleo, que actualmente está en el precio más alto de la historia. Sin embargo, no tiene recursos para pagar sus gastos corrientes y como siempre, va tras los recursos del sector privado; en este caso, tras las utilidades de los trabajadores de las empresas que usan el espacio radioeléctrico; demostrando que es un pésimo administrador del erario público y que el modelo del Estado como motor de la economía se está agotando.

Un Estado no puede ser motor de la economía porque vive de los impuestos que genera el sector privado y en Ecuador, de la comercialización del petróleo también.  Con esos ingresos se ha dedicado a hacer crecer el número de empleados públicos en un afán clientelar que no produce más que trámites burocráticos que estancan la gestión empresarial y el emprendimiento.  Si tuviéramos un Estado en forma, la empresa privada produciría más y esos empleos se trasladarían a ese sector.  Los recursos de los impuestos y del petróleo no se perderían en un gran porcentaje de gasto corriente y el mayor porcentaje podría invertirse en el desarrollo nacional y en los servicios sociales. Hoy el Estado es un mero entorpecedor de acciones productivas, en busca de adueñarse de cualquier fondo que pueda permitirle mantener su oneroso ritmo de gastos.