PRINCIPIOS BÁSICOS

Las dictaduras de este siglo ya no son violentas.  Gobiernan con la Ley.  De allí la necesidad de defender los principios básicos como las libertades de las personas de un país.  En nuestra democracia, existen ciertas sanciones desproporcionadas en relación a la falta. Por ejemplo: la existencia de penas privativas de la libertad porque una persona natural no afilie a un trabajador al IESS.  Eso no es razonable;  incluso aunque el fundamento sea una consulta popular y la Ley otorgue cuarenta y ocho horas para afiliar al empleado desde la notificación del IESS al patrono.  Las mayorías también aprobaron barbaridades durante el gobierno de Hitler.  El derecho a la libertad es connatural al ser humano. 

El Estado promueve monopolios estatales como los del IESS, el sector petrolero, el espacio radioeléctrico o la contratación de seguros de los bienes del Estado con aseguradoras públicas, haciendo gala del abuso de poder del mercado.  Si bien es cierto que la Ley permite algunas de estas aberraciones y por otro, los entes de control, habría que preguntarse por qué.  ¿Es razonable que el IESS no compita con proveedores privados que ofrezcan los mismos servicios porque hace dieciocho años los sindicatos del IESS impusieron en la consulta popular su interés particular al general? ¿Quién le otorgó al Estado el derecho de apropiarse del petróleo y del espectro radioeléctrico? ¿Leyes promulgadas durante dictaduras? ¿Por qué el Estado cobra por el espacio radioeléctrico a sus usuarios si él mismo lo obtuvo gratis? ¿Cómo así el Estado puede apropiarse de las utilidades de los empleados privados del sector de las telecomunicaciones y del petrolero?

Según el Código Civil, “La ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite”.  Pero ¿qué pasa cuando la Ley es injusta? Cuando infringe derechos básicos del ser humano, del libre comercio y coarta la libertad de expresión.  No es honesto usar la maquinaria propagandista estatal para inducir a los ciudadanos a votar en consultas populares por aberraciones.  ¿Es este un Estado que protege nuestros derechos y ofrece seguridad jurídica para invertir generando fuentes de empleo?