¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN?

La Ley de Radiodifusión y Televisión promulgada en la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara declara que los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión constituyen patrimonio nacional.  En otras palabras, el Estado, con la intención de controlar lo expresado en las nacientes empresas de radio y televisión, se auto determinó propietario de las frecuencias del espectro radioeléctrico y desde esa época (1.975) es quien otorga, regula y autoriza estos servicios.  Como cedente, tiene el poder para controlar a las estaciones continuamente.  Al pender sobre la cabeza de cada concesionaria la amenaza constante de la no renovación e incluso la suspensión de la concesión, la idea de libertad de expresión no es más que una pantomima.  Cada estación se encuentra restringida a cumplir con los dictados de programación del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión; que las obliga a tener una programación “pluralista” y a transmitir a costa de ellas cualquier programa declarado por el Gobierno como de interés social o público. 

La ciudadanía se acostumbró a vivir en este estado de limitación al disenso y nadie cuestiona hoy la causa de esta apropiación indebida por parte del Estado.  ¿Qué sucedería si los periódicos tuvieran que obtener concesiones renovables de un Consejo Nacional de Periódicos, con la posibilidad de perder sus licencias si se atreven a publicar una opinión “distorsionada” en un editorial? o ¿si se negaran a publicar anuncios de interés social emitidos por el Gobierno? o ¿si les exigiera a las casas editoriales publicar libros o revistas con determinado contenido de interés “social”? ¿No sería una medida totalitaria y una transgresión al derecho de libertad de prensa que nuestra Constitución no garantiza? Sin embargo, con esos principios tienen que convivir las empresas que son la forma más popular de expresión y educación: la radio y la televisión.  La solución es simple.  Si queremos una verdadera libertad de expresión, se debe tratar a la radio, a la televisión y al Internet de la misma manera que a los periódicos y a las casas editoriales.  Sin concesiones para operar.

El derecho humano a expresarse permite que un empresario de la comunicación pueda difundir libremente sus ideas.  Se fundamenta en que los propietarios de los medios de comunicación arriesgaron capital en maquinaria, sueldos para generar empleos y en cumplir con todo lo necesario para que su compañía se desarrolle.  Las opiniones del medio no pueden afectar la honra de otra persona.  En cuyo caso, el agraviado tiene el derecho a demandar por injuria.  Un  Estado que pretende controlar los medios de comunicación privados es intolerante.  Y el Estado que ambiciona administrar medios de comunicación con el erario para difundir su opinión y atacar a parte de la población es aberrado.