SIN CONTROL

Después de la expedición de la Constitución del año 2008 en Montecristi, las principales atribuciones que le restan a  la Asamblea Nacional son las de legislar, aprobar tratados internacionales en los casos que le corresponda, autorizar el enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente de la República cuando la autoridad competente lo solicite con fundamentos, aprobar el presupuesto general del Estado, conceder amnistías e indultos y fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y la de Transparencia y Control Social.  Esta última facultad, la de fiscalizar, ha sido permanente bloqueada por el oficialismo, a pesar de que algunos asambleístas solicitaron su ejercicio en casos que levantaron dudas en la opinión pública. 

Mientras regía la Constitución del año 1.998, el Congreso Nacional era quien nombraba al Procurador, al Fiscal General, al Defensor del Pueblo, a los superintendentes, a los vocales del Tribunal Supremo Electoral y al Contralor General, entre otras autoridades que se designan ahora en forma diferente.  La Constitución vigente modificó esto y actualmente esta atribución recae en la novedosa función de Transparencia y Control Social, que adicionalmente nombra al Defensor Público y a los miembros del Consejo de la Judicatura.   La función de Transparencia y Control social está formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General y las superintendencias.  Al Consejo de Participación Ciudadana lo integran siete consejeros que son seleccionados de entre los postulantes que propusieron organizaciones sociales y la ciudadanía.  El proceso de selección fue organizado por el Consejo Nacional Electoral, mediante un concurso público de oposición y méritos.  Los demás integrantes fueron elegidos por la misma función de Transparencia y Control.  Es decir, que ninguno de los cargos mencionados es elegido por votación popular o por nuestros representantes electos.  Eso garantiza acallar a periodistas en casos como créditos irregulares otorgados por bancos administrados por el Estado.  Realmente no existen autoridades de control independientes al oficialismo y por eso escuchamos excusas banales ante el clamor de esclarecimiento de este y otros temas.  Un gobierno profesional estaría interesado en las denuncias.