EL SEGURO DE VIDA DE CORREA

Cuando una persona desea tomar un seguro de vida de, por ejemplo, dos millones de dólares, la compañía de seguros debe realizar una evaluación médica para establecer el riesgo a asumir y confirmar el precio a pagar.  Por esa suma, la aseguradora además pedirá un estado financiero del solicitante, porque si bien es cierto, todos los seres humanos somos iguales, el patrimonio de unos es superior al de otros.  En otras palabras, el cliente debe justificar que vale los dos millones de dólares por los que aspira asegurar su vida.

Una evaluación financiera similar debió haberse utilizado en el fallo de la indemnización de cuarenta millones otorgada en la querella de injurias calumniosas contra diario El Universo, sus directivos y el articulista Emilio Palacio.  Si el patrimonio declarado por Rafael Correa es de aproximadamente seiscientos mil dólares, el perjudicado no podría acceder en el mundo de las proporciones reales a un seguro de vida de cuarenta millones de dólares, ni una indemnización por la misma suma; aunque él crea que su honor equivale a ochenta millones de dólares, que fue lo demandado.  La regla que utilizan la mayoría de compañías de seguros para establecer la suma asegurada del seguro de vida de una persona, es multiplicar sus ingresos anuales por cinco.  Si Correa gana US$ 51,000.00 dólares anuales, no tiene empresa y depende de su sueldo como empleado del gobierno, su seguro de vida o la indemnización por afectar su honor no debería ser superior a US$ 255,000.00.   

La justificación del juez Paredes para otorgar esta impresionante indemnización es que el Presidente administra un presupuesto de ochenta mil millones de dólares y que por ende, la ofensa a su honor equivale a cuarenta millones.  Es como si el presidente de una multinacional solicite un seguro de vida, y para establecer el valor asegurado de su póliza se tome en consideración la facturación de la compañía para la que trabaja.  La compañía multinacional y el ejecutivo son personas diferentes. El Presidente y el Estado ecuatoriano también.    Correa demandó como un ciudadano común y no en calidad de Presidente, pero se benefició con una indemnización que va más allá del sueño de cualquier ecuatoriano.  Se aseguró para el resto de su vida.