MÁS OPORTUNIDADES

Esta semana me reuní con un agricultor comunitario de pitahaya en la isla Puná.  Su conversación giraba alrededor de las trabas que le imponían las instituciones públicas para poder operar.  Una queja común a todas las actividades económicas.  Hay que ser amigo del ministro para producir.  Es un modelo que discrimina, porque resta oportunidades a la mayoría.

Para eso sirve la tramitomanía: protege los negocios de los amigos del ministro y exige que el emprendedor tenga que ir a pedir un favor al “servidor” público que tiene poder de decisión.

En los países desarrollados eso no existe.  Las personas no conocen al ministro.  Ni siquiera saben cómo se llama.  Las reglas son posibles, eficientes y eso genera mayores oportunidades.

Destruir ese modelo es el reto.  No es necesario quitarles a las personas que se han esforzado para distribuirlo entre los que el sistema no les ofrece oportunidades, sino que la solución es agrandar el pastel, permitiendo que más jugadores entren a la cancha de la actividad económica.  Actualmente ocurre lo contrario. 

El modelo mercantilista vigente les conviene a ciertos funcionarios públicos con poder suficiente para agilitar trámites sin sentido y en algunos casos, imposibles de cumplir.  Mantenemos a estos funcionarios vía impuestos, cuando el Estado debería ser un facilitador.  Esa es la causa de la injusticia social.  Solicitar que se reduzca el tamaño del Estado constituye un riesgo para esa minoría que lucran de este sistema corrupto, que perjudica a la mayoría.

Quienes conforman el Estado son los que han establecido estas reglas del juego, haciendo que los que tienen los recursos, puedan pagar el costo de contratar personal para lidiar con esta tramitología, mientras que los pequeños desaparecen como consecuencia de ella, cediendo el paso a los más grandes, que se convierten involuntariamente en oligopolios.  La injusticia social no proviene de quienes más tienen sino de este modelo perverso.

Es comprensible que ciertas personas que quieren producir se sientan frustradas por este entorno de negocios.  Pero esta desigualdad, creada por un sistema socialista que promueve un Estado grande en relación al PIB, no justifica la violencia, sino un dialogo que inicie una transformación que al final ofrezca más oportunidades en un entorno de libre competencia.  Si hacemos eso y adicionalmente reducimos la presión tributaria, seremos más competitivos, las empresas crecerán y podremos adquirir productos con mejores precios.  Lo contrario, agravará el descontento manifestado en las calles.