EL ORDEN

La izquierda regional se encuentra organizada.  Su trabajo es sembrar el caos, impedir la producción.  Mientras tanto, la derecha se encuentra ocupada trabajando.  Sin tiempo para salir a la calle u organizarse para manifestarse en contra de quienes atentan contra el orden público.

El orden público consiste en el respeto a reglas básicas de convivencia, facultad de hacer lo que no está prohibido por la ley y la obligación de atenerse a este, aceptando, entre otras cosas,  sus prohibiciones y restricciones.  Rebasar esos límites implica cometer delitos, y en la primera quincena de octubre se perpetraron varios por parte de los líderes de las protestas y sus seguidores.

Han quedado plenamente expuestos y quienes deben ser sancionados por la justicia ordinaria.  En algunos casos, se está avanzando y en otros no.

Las personas que sufrieron las consecuencias de los actos vandálicos tienen el deber cívico de presentar las respectivas denuncias y los terceros de colaborar con las investigaciones.  El no hacer esto, implica que ante la falta de sanción, se les dé carta blanca a estos delincuentes para que vuelvan a consumar estos delitos en el futuro.

Los comunicados de la CONAIE muestran un completo irrespeto al orden jurídico.  Antes pensaba que querían un Estado dentro del Estado, pero sus declaraciones muestran que aspiran a imponer su cosmovisión a las demás etnias que habitan en el país.

Aquí no hubo violaciones a los derechos humanos.  Ciertos manifestantes no respetaron los derechos de los demás y lo que se debió haber hecho fue hacer obedecer la ley mediante la fuerza pública, que en este caso, solamente se defendió, por orden del poder ejecutivo.

Quienes actúan con violencia deben estar dispuestos a ser repelidos con violencia por la fuerza pública.  Y también a ir a la cárcel por infringir las leyes vigentes. 

La izquierda detesta a León Febres Cordero porque aplicó estos preceptos.  Evitó que quienes quebrantaron la ley sigan asesinando y secuestrando a las personas sin respetar sus derechos.  Sin embargo, estos criminales sí exigen que se respeten sus derechos humanos.  Otros países de la región no hicieron eso en los años ochenta y sus territorios terminaron controlados por los guerrilleros y narcotraficantes, que al final, son lo mismo.  No creo que queramos un Estado fallido controlado por la delincuencia, alegando la carta del indigenismo o cualquier otro pretexto para obtener el poder por la fuerza.