EVOLUCIÓN

Uno de los principios que habría que comenzar a respetar en este país es la garantía constitucional y el derecho humano, según el cual, se presume la inocencia de las personas hasta que no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.  Y siempre luego de haberse cumplido el debido proceso y el derecho a la defensa.

Desafortunadamente, ciertos políticos ecuatorianos legislan pensando en el refrán “cada ladrón juzga por su condición”.  Si los legisladores partieran de la premisa de que la mayoría es honesta, todo fuera más fácil porque justamente es así: la mayoría de ecuatorianos es gente honesta.  Veríamos mejoras sobre todo en trámites para que un negocio nazca y prospere.  Se reduciría la tramitología si nos rigiéramos por ese razonamiento. 

Chile comprendió esto muchos años atrás.   Declarar el impuesto a la renta ante el Servicio de Impuestos Chilenos (SII) es sencillo.  El proceso se puede realizar en cinco minutos usando una computadora o un teléfono inteligente.  No se requiere un contador, ni un experto en comercio exterior, y se puede pagar en línea.  Todo está previamente preparado por el SII.

Es por el derecho a la presunción de inocencia también, que los aranceles chilenos promedio son del 1 %.  Los aranceles bajos desmotivan el contrabando y la defraudación aduanera.  Un arancel similar para todos los productos simplifican los planes de negocios, porque no hay que buscar el arancel para cada ítem que se quiere importar, como ocurre en nuestro país, y lo más importante, no encarecen el precio final de los mismos, haciendo que el chileno tenga acceso a los mejores productos del mundo al precio más accesible.  El arancel promedio en Ecuador es del 12 %, pero además hay una enorme variación en los tributos aduaneros, según cada una de las miles de partidas que existen, dificultando así el proceso de importación. 

¿Cómo hacen los chilenos? El Servicio de Aduanas de Chile cruza información con el SII, y si alguien (la excepción) es detectado cometiendo alguna ilegalidad aduanera o tributaria, respectivamente, será sancionado con todo el rigor de la ley.  Eso evita la competencia desleal y envía un mensaje claro a la sociedad sobre el comportamiento que se espera de cada ciudadano. 

No tiene sentido seguir legislando para casos de excepción – para la minoría.  Nos perjudica a todos.  Lo contrario, legislar para la mayoría, beneficia al Estado, las empresas, al contribuyente y al consumidor.  Es hora de evolucionar para que se le facilite la vida al ciudadano común.