EMPRESA PÚBLICA IMPORTADORA

El Decreto Ejecutivo No 92 del 21 de agosto creó la Empresa Pública Importadora (EPI) con sede en Quito.  Similar a la recientemente creada por el Ministro de Energía Eléctrica venezolano para proveer de materia prima a la fracasada empresa eléctrica pública de ese país.   

La EPI ecuatoriana tiene por objeto “la importación de bienes requeridos por entidades y organismos de la Función Ejecutiva, así como bienes cuya venta y comercialización se encuentre restringida por disposición de autoridad competente, con la finalidad de garantizar el abastecimiento oportuno de dichos bienes”.  Pero lo más importante es que ejecutará “La política de sustitución selectiva de importaciones y la aplicación efectiva de las restricciones de venta y comercialización según corresponda”.  Es el organismo estatal que aplicará la estrategia de restringir las importaciones.  Lo que implica que el gobierno limitará las importaciones de bienes que puedan ser producidos por industrias nacionales, pero al mismo tiempo podrá importar bienes restringidos para evitar el desabastecimiento. 

La EPI seguramente reducirá las compras a los proveedores que le venden al sector público, porque podrá importarlos directamente  del exterior (aunque sean más económicos a nivel local), generando un potencial foco de corrupción al tratar de aprovechar economías de escala.  El gobierno está otorgando excesiva discrecionalidad a los funcionarios de la EPI y lesionando la libre empresa.