LOS NEGOCIOS DEL GOBIERNO

La liquidación del personal de la incautada Maxigraf hace reflexionar sobre el tipo de administración que ejerce el sector público.  Hasta el ejercicio fiscal del 2007, antes de la incautación, el SRI revela que la empresa pagó US$ 129.595,33 por concepto de Impuesto a la Renta.  Desde ese año en adelante, cuando el gobierno se encargó de la empresa pagó un total de US$ 52.732,14 en el año 2.010.  Los demás años tributó cero Impuesto a la Renta.  No se conoce el Impuesto a la Renta causado en el año 2.012, pero seguramente será también cero.

El Estado está acostumbrado a los monopolios.  Los servicios del gobierno siempre tendrán un costo superior, precio más alto y la peor calidad del mercado.  La empresa privada genera utilidad eliminando la mayor cantidad de costos posibles.  El gobierno nunca quebrará o sufrirá pérdidas.  No necesita cortar costos, protegerse de la competencia o de las pérdidas.  Si eso sucediera, solamente tendría que elevar los precios, afectando a los consumidores que sufren el monopolio.  Una empresa pública nunca podrá manejarse como un negocio porque su capital depende de los contribuyentes.  Si ninguno de los administradores es propietario, no existe motivación para que empresas como Maxigraf puedan ofrecer utilidades en manos del gobierno.

Uno de los motivos por los que las empresas privadas son modelos de eficiencia es porque el libre mercado establece los precios.  La respectiva gerencia calcula los costos y cuál debería ser la utilidad para evitar pérdidas y mantenerse competitiva.  La planeación central no puede determinar precios mínimos ni costos.  Por eso es que en Venezuela no existen en percha aquellos productos a los que el gobierno ha asignado un precio oficial.  Un decreto no puede establecer la realidad de los costos de producción.  Cuando se promulga legislación de ese tipo, los empresarios no producen.  Nadie es tan tonto como para perder.  Los países de Europa Oriental se movieron rápidamente de la planeación central al libre mercado por ese motivo.  Todo servicio público siempre será mejor administrado por una empresa privada que tiene la obligación de lucrar.  Los socios han invertido su dinero con ese fin.  Delegar los servicios públicos a compañías privadas permite la reducción del tamaño del Estado.  Además elimina la agobiante cantidad de impuestos y trámites sin sentido que nos aquejan.  El secreto es negociar bien los contratos con los concesionarios; conseguir al mejor oferente para el servicio público a concesionar y castigar la corrupción de los funcionarios públicos con todo el rigor de la Ley.