EL SECTOR PÚBLICO

No cuestionamos ciertas cosas.  Los gobiernos a través de la educación y la propaganda nos han programado para aceptar el suministro público de servicios esenciales como la seguridad (fuerzas armadas, policía y sistema judicial), bomberos, calles y carreteros, agua potable, red de alcantarillado, sistema de recolección de basura, correo, seguridad social (pensiones, salud), etcétera.  Todos estos servicios podrían ser provistos directamente por empresas privadas o mediante concesiones.  El libre mercado obliga a competir y el sector privado siempre hará un mejor trabajo que el monopolio al que nos someten los gobiernos.

 

La izquierda preguntará cómo los pobres pagarían por estos servicios.  Respondo con otra pregunta: ¿cómo pagan los pobres por cualquier bien que obtienen? La diferencia es que tenemos la certeza que el mercado libre puede proveer estos bienes y servicios en forma más económica, con mayor abundancia y calidad que el monopolio estatal.  Todos nos beneficiaríamos.  Especialmente los pobres.  Además, se reduciría la carga impositiva que pesa sobre nuestros hombros para financiar estas y otras actividades.  Un ejemplo es la concesión a TAGSA para la administración del aeropuerto de Guayaquil.  Su operación ha sido premiada como la mejor en su categoría a nivel mundial por la calidad y precio de los servicios ofrecidos.  El Municipio de Guayaquil ha demostrado que las concesiones contratadas inteligentemente con empresas privadas representan el éxito del modelo de desarrollo de la ciudad a un bajo costo para el contribuyente.  Las compañías que fracasan, pueden ser  reemplazadas por nuevas dispuestas a competir.

En el mercado libre, el consumidor es el rey.  Las empresas privadas necesitan generar utilidades y evitar pérdidas.  Tienen que servir al cliente eficientemente y al menor costo posible.  En la operación del gobierno no existe relación entre el pago y servicio.  El gobierno no recibe sus ingresos por servir con excelencia al consumidor o por las compras que este realiza sobre el costo de la operación.  Sus ingresos provienen de los impuestos del sufrido contribuyente.  Por eso es que la operación pública es ineficiente, con costos elevados.  Los gobiernos no se preocupan por la insolvencia.  Si el gobierno requiere más dinero, incrementa los tributos, desmotivando la producción y el empleo.  Los usuarios somos tratados como intrusos.  Consumidores de los recursos estatales y una interferencia a la apacible vida del burócrata.  Existen honrosas excepciones a estos comentarios en los servicios provistos por el gobierno central.  Casos como el BIESS y Correos del Ecuador.  Pero representan eso: excepciones a la regla general.