MUCHAS LEYES, POCOS RESULTADOS

La población ecuatoriana evalúa la labor de la Asamblea Nacional según el número de leyes que promulga.  Estamos saturados de legislación.  Es tan excesiva, que incluso confunde a los profesionales del Derecho.  Existen aproximadamente un millón trescientos mil artículos que contienen obligaciones que cada uno de nosotros debe cumplir.   Estamos convencidos que solucionamos todo con leyes.  Pero el inconveniente es que los organismos públicos de control no cumplen su objetivo de vigilar y hacerlas cumplir. 

Analicemos dos ejemplos.  Fueron pocas las tercerizadoras que no respetaron la normativa laboral vigente antes del mandato 8.  Pero la revolución ciudadana tildó a todo el sistema como un abuso de los empresarios.  La eliminación de la tercerización a través del mandado 8 significó la desaparición de miles de puestos de trabajo que jamás se recuperaron.  Fue una decisión política del régimen encaminada a captar votos.     ¿Qué hubiera pasado si el Ministerio de Relaciones Laborales cumplía con sus fines y aplicaba todo el rigor de la ley a las tercerizadoras que transgredían la legislación laboral antes del mandato 8? El descontrol fue culpa de la ineficiencia del organismo controlador.  Los empresarios buscan protegerse frente a una normativa laboral inequitativa, que fomenta el desempleo informal porque las personas naturales, las pequeñas y medianas empresas no tienen la capacidad técnica ni económica para cumplir con todas las obligaciones que exige el Código de Trabajo cuando deciden contratar a un empleado.    

Sucede algo parecido con las leyes de tránsito.  La Agencia Nacional de Tránsito ha detectado 700 puntos críticos en donde se han registrado accidentes graves en los últimos meses.  Sin embargo, continúa la falta de control de las vías del país; no se depuran las licencias de los chóferes; las inspecciones a los vehículos de transporte público levantan severas dudas y existen escuelas de conducción que generan desconfianza.  Las leyes para todos los ámbitos de nuestras vidas están vigentes, pero los organismos de control estatales no las hacen cumplir por varios motivos, incluyendo la corrupción.  Por lo tanto, el problema no gira en la promulgación de leyes, sino en que el Estado ejerza su poder de coacción y que la Asamblea y la Función Ejecutiva reformen las obligaciones excesivas y a veces inequitativas, que pesan sobre los ecuatorianos.  Existen demasiadas leyes dirigidas contra ciertos sectores, sin respetar principios técnicos, ni de generalidad en su aplicación.  Los poderes del Estado obran como si la mayoría fuésemos culpables.  La Función Judicial también debe fortalecer su independencia después de finalizar el triste proceso en el que se encuentra inmersa.