AUSTERIDAD ESTATAL

Si usted quisiera invertir su capital en una póliza de acumulación durante un año, el banco que más le pagaría le ofrecería una tasa del 5.5 % anual menos la retención del impuesto a la renta.  El gobierno en cambio, sin esfuerzo alguno se lleva el 5 % neto por concepto del impuesto de salida de divisas (ISD).  Los voceros oficiales han declarado que les parece poco.  La realidad es que esa tasa impositiva ahuyenta a los inversionistas extranjeros que tendrían que generar una rentabilidad superior para poder pagar un ISD de esa magnitud.  Pero además nos cobran un 12 % por concepto de IVA; impuesto a la renta de hasta el 35 %; impuesto ambiental a la contaminación vehicular; impuestos a los consumos especiales (ICE); impuesto a la herencia, legados y donaciones hasta el 35 %; elevados aranceles aduaneros y un impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables.  Es decir, que el Estado se convierte en un socio importante de nuestro patrimonio aportando poco y sin tomar en consideración las tasas e impuestos municipales que la Ley nos obliga a pagar.  Lo más grave, es que todos estos impuestos son trasladados al consumidor final, logrando por ejemplo, que un vehículo llegue a tener un precio de venta al público equivalente al doble del valor original que el importador tuvo que pagar en el país de fabricación.   

Pareciera que el gobierno central quisiera financiar su presupuesto con impuestos para evitar depender de los ingresos petroleros.  Algo correcto.  El inconveniente es que los ingresos que el Estado percibe por concepto de impuestos ascienden aproximadamente a 9.000 millones de dólares y los sueldos de los burócratas a 6.415 millones de dólares.  El presupuesto anual durante el gobierno de Lucio Gutiérrez en el año 2.003 fue de 6.700 millones de dólares.  En el 2.012 esa cifra alcanzaría para pagar los sueldos de los empleados públicos y solamente quedaría un saldo de 285 millones de dólares para cumplir con los fines del Estado.

La Asamblea Nacional, respaldada por la mayoría oficialista, acaba de aprobar un presupuesto de 26.109 millones de dólares para el ejercicio del 2.012.  El presupuesto del 2.011 fue de 23.950 millones de dólares.  Ningún presidente ha manejado tanto dinero, ni ha tenido un precio por barril de petróleo tan alto como el actual.  La voracidad del socialismo es infinita.  Nos piden austeridad, pero el gobierno no actúa como modelo de ahorro.  Si la administración pública  fuera menos dilapidadora, no habría sido necesario aprobar inconstitucionalmente una nueva reforma tributaria que implique que cada ecuatoriano tenga que vivir con menos.  Los precios de los bienes y servicios se han incrementado como consecuencia directa de la inflación generada por el aumento de los impuestos.  El Estado incumple con su misión a pesar del inmenso patrimonio que administra.  La realidad desmiente al Cholito y a Bonafont.