ECUADOR VS. CHEVRON
En 1998, Texaco suscribió un Acta
Final con el gobierno tras invertir 40 millones en remediación ambiental. El
Estado certificó que la empresa había cumplido sus obligaciones bajo el acuerdo
1995-1998 y la liberó de responsabilidades futuras.
En 2003, comunidades amazónicas
representadas por el abogado estadounidense Steven Donziger iniciaron un
proceso tras trasladarse desde cortes de EE.UU. El tribunal arbitral de La Haya
documentó que Donziger orquestó un esquema fraudulento: sobornos a peritos, intervención
de terceros en la redacción de sentencias y manipulación de pruebas. La
justicia estadounidense lo condenó penalmente por desacato y fue excluido del
ejercicio profesional.
En 2011, un tribunal en Lago Agrio
dictó condena por más de USD 18.200 millones. Tras apelación y casación, este
proceso quedó expuesto como montaje donde activistas capturaron al sistema
judicial.
El laudo demuestra las ventajas del
arbitraje internacional: neutralidad, despolitización y análisis técnico
riguroso frente a sistemas judiciales comprometidos. Países como Singapur,
Suiza y Reino Unido han prosperado garantizando esta certeza jurídica a los
inversionistas. Rechazarlo equivale a autoexcluirse.
Ningún inversionista comprometerá
capital donde la única instancia es un sistema judicial cuestionado. Ecuador
aspira a incrementar inversión extranjera, pero demoniza el instrumento que la
hace posible.
La Procuraduría redujo la
reclamación de USD 3.350 millones a USD 215.073.244,43, minimizando el impacto
fiscal.
La lección es clara: el arbitraje internacional
funciona como contrapeso necesario. Es el idioma de los negocios. Si queremos
inversión, debemos hacer las reformas necesarias. El escándalo no es que
Ecuador pague, sino que nuestro sistema judicial haya sido capturado para un
fraude de esta magnitud.
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