ECONOMÍA DOMÉSTICA

La economía familiar y la del sector público guardan similitudes sorprendentes que pueden ofrecer un panorama claro sobre la situación financiera del país. Ambas economías se enfrentan a la necesidad de maximizar ingresos y minimizar gastos, bajo el principio de que la sostenibilidad a largo plazo es un objetivo primordial.

En una casa, la gestión del dinero implica buscar la mayor cantidad de ingresos posibles, ya sea a través de salarios, negocios o inversiones. Por otro lado, minimizar los gastos es igual de crucial. Dependiendo de préstamos para cubrir gastos cotidianos sin una estrategia clara para aumentar los ingresos es una receta para el desastre. En la economía familiar, es insostenible destinarse a pagar el mínimo de la tarjeta de crédito mientras la deuda continúa creciendo sin control.

De manera similar, el sector público no puede sostenerse en préstamos para financiar gastos corrientes sin que estos se traduzcan en beneficios tangibles para los ciudadanos. Con una deuda pública que ha alcanzado el 70% del PIB en Ecuador, esta situación se vuelve insostenible. Esa deuda no es solo un número; es una carga que recae sobre los contribuyentes. Cada impuesto que se recauda se traduce en menor liquidez para la población, restringiendo su capacidad para financiar inversiones productivas.

La solución a este dilema radica en establecer políticas tributarias y económicas coherentes a largo plazo. Estas políticas deben trascender los ciclos políticos, brindando certidumbre tanto a padres de familia como a empresarios e inversionistas. Un país que cambia continuamente las reglas del juego en función de promesas electorales condena su economía al estancamiento, porque si existe incertidumbre, ¿quién se atreverá a gastar o invertir?

El Estado, por su parte, debe implementar un riguroso control de sus gastos y gestión, reconociendo que, aunque cuenta con más recursos que nunca, la eficiencia en su uso es fundamental. Al igual que en un hogar, donde cada centavo debe ser utilizado con sabiduría para el bienestar a largo plazo, el sector público debe encontrar un equilibrio entre ingresos y gastos que beneficie a todos.