ASAMBLEA CONSTITUYENTE
La Constitución vigente presenta ciertas limitaciones que obstaculizan el desarrollo económico y social del país. Convocar a una Asamblea Constituyente exclusivamente para abordar esas taras podría ser una solución efectiva que nos alejen del escenario venezolano.
El primer tema sería facilitar la flexibilización del
mercado laboral. La prohibición de
contratar por horas o a plazo fijo limita la capacidad de los negocios para
adaptarse a las fluctuaciones del mercado. Permitir estas modalidades de
contratación fomentaría la creación de empleo, especialmente en sectores como
el comercio y los servicios, donde la demanda puede variar significativamente.
Además, ofrecería oportunidades laborales a estudiantes y personas que buscan
trabajos temporales.
El segundo asunto para tratar sería la mejora en la
gestión del sector público. La
dificultad para despedir a funcionarios públicos que no cumplen con sus
responsabilidades es una carga para el Estado. Facilitar la optimización de recursos no solo
mejoraría la eficiencia del sector público, sino que también incentivaría a los
funcionarios a desempeñar sus funciones con mayor responsabilidad y compromiso
hacia el país.
La tercera materia sería la eliminación del Consejo de
Participación Ciudadana y Control Social, inspirado en modelos extranjeros como
el venezolano, no ha demostrado ser efectivo en Ecuador. Su eliminación
permitiría redirigir los recursos públicos hacia áreas más prioritarias y
reduciría la burocracia, posibilitando una gestión más ágil y eficiente del
Estado.
La cuarta cuestión sería la abolición de los
monopolios públicos porque son ineficientes y costosos para el Estado. Su
eliminación abriría el mercado a la competencia, mejorando la calidad de los
servicios y reduciendo los costos para los ciudadanos. Además, fomentaría la
inversión privada y la innovación, impulsando el crecimiento económico.
Y finalmente clarificar que el arbitraje internacional
sí es posible en Ecuador en todas las circunstancias. La ambigüedad genera incertidumbre y
bloquea la atracción de la inversión extranjera para resolver desafíos en
los que los monopolios públicos han fracasado.
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