JUICIO POLÍTICO ¿CONVIENE A LA CIUDADANÍA?

En momentos de desafíos económicos y sociales, la estabilidad y crecimiento son cruciales. No obstante, ciertos procesos políticos como el juicio en contra del presidente Lasso, parecen generar incertidumbre e intranquilidad en la población.

El juicio político, como herramienta constitucional, debe aplicarse con responsabilidad y prudencia, respetando garantías constitucionales y el debido proceso. La Asamblea Nacional tiene el mandato de representar al pueblo ecuatoriano, y es crucial recordar que su labor debe enfocarse en atender las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos. Al encaminarse en un juicio político, el riesgo de la polarización política crece, y la atención se desvía de problemas urgentes que requieren soluciones concretas.

Además, este tipo de procesos irresponsables puede tener consecuencias negativas para la economía, pues la inestabilidad política a menudo aleja inversiones y frena el progreso económico. El ciudadano se ve directamente afectado, enfrentando dificultades en inseguridad, empleo, educación, salud y con los fenómenos naturales, mientras los debates políticos se centran en luchas de poder.

El descontento social existente hoy en día podría verse exacerbado por un juicio político, lo cual no solo perjudicaría el bienestar ciudadano, sino que también podría aumentar la brecha entre los diferentes sectores de la sociedad. En lugar de enfrascarnos en procesos de esta naturaleza, debemos concentrarnos en trabajar juntos hacia un futuro más próspero y equitativo.

La democracia exige de nosotros un compromiso con la construcción de consensos y la búsqueda del bien común. Quizás es momento de reflexionar sobre si un juicio político al presidente es beneficioso para los electores. Aboguemos por un Ecuador unido y resiliente, donde la política se enfoque en soluciones tangibles a los desafíos a superar.