¿COINCIDENCIAS?

Existen varios actores políticos dedicados a terminar con el régimen democrático aprovechando las herramientas que el sistema ofrece.

Desde la Asamblea Nacional, se dedican en cuerpo y alma a solicitar un juicio político al presidente, postergando el bienestar de los electores.

No creen ser capaces de ganar el poder en las urnas.

En el otro brazo están los organizadores de manifestaciones callejeras. Son parte de un todo que tiene el mismo fin.

Cualquier ciudadano tiene derecho a reclamar sus pretensiones, pero dentro del Estado de derecho.  

Por ejemplo: la Conaie amenazó la semana pasada con movilizarse hacia la Corte Constitucional desde el momento en que ese organismo reciba la solicitud de juicio político al presidente Lasso. Esa es una advertencia soterrada, que en resumen exige a los jueces dictaminar como la Conaie quiere, no lo que los jueces decidan en función a las motivaciones presentadas por la Asamblea Nacional y la ley.

Allí es donde termina el uso legítimo del sistema y comienza el irrespeto al debido proceso, el orden público y la vulneración de los derechos constitucionales de cualquier persona que se les cruce en el camino.

Simultáneamente, ejecutando la estrategia de los peores años del terrorismo en Colombia, se esfuerzan por intimidar con explosivos a periodistas y medios de comunicación para que no sigan comunicando la realidad de los hechos.

La violencia está presente en todos los ámbitos, incluyendo el político, como hemos podido constatar desde las manifestaciones indígenas de octubre del 2019.

La ciudadanía está harta del actuar de los legisladores y de agitadores capacitados para combatir en las calles que evitan que desarrollemos nuestras actividades diarias para progresar en paz.

No aportan para atraer inversión ni empleo. Restan, generando inestabilidad que causa daño a la mayoría, a la cual han perjudicado desde sus puestos públicos o usando la fuerza en las vías públicas.