LOS CARA DE TUCO

Como buen izquierdista latinoamericano, intentó disolver el Congreso porque los legisladores iban a votar una moción de vacancia en su contra tras haber sido acusado por la Fiscalía peruana de ser presunto cabecilla de una red de organización criminal, tráfico de influencia y colusión. Al escribir este artículo, el expresidente Pedro Castillo descansa en el penal de Barbadillo, acusado también de rebelión.

 

La noticia recuerda a políticos de nuestra historia antigua y reciente. Asambleístas que quieren destituir ilegalmente al presidente electo para beneficiarse. Un exvicepresidente excarcelado sin pagar los $ 8,2 millones que adeuda al Estado. Líderes de movimientos campesinos que solicitan préstamos y luego amenazan con paros para no pagarlos.

 

La función Judicial no administra justicia, enviando el mensaje de que la corrupción y los sabidos se salen con la suya y por lo tanto vale la pena serlo. No resuelve conflictos de la vida diaria de la ciudadanía o del comercio, generando un tufo a incivilización, en que las reglas se incumplen y no existe quien exija su cumplimiento.

 

Nos quejamos de la integración de la Asamblea, pero estamos correctamente representados. Lo mismo en las demás funciones del Estado, con excepciones. Y no olvidemos a los funcionarios públicos que dejan el saco por la mañana en la silla y regresan por la tarde a marcar tarjeta, con sus puestos blindados por la Ley Orgánica de Servidores Públicos, haciendo complicada la reducción de un Estado gigantesco en relación con el PIB, y mientras los contribuyentes pagamos su sueldo sin recibir contraprestaciones.

 

A esto se suman los narcopolíticos, que harán todo para que la delincuencia organizada prospere. En Perú, a los políticos delincuentes, el poder Judicial los sanciona. Aquí un expresidente del Banco Central, con título de economista falsificado, sentenciado por peculado y enriquecimiento ilícito fue a un matrimonio en el exterior y no volvió. Lo detuvieron las autoridades gringas. Y una cara de tuco se asila en una embajada por delitos comunes. Y un liberado por un juez de Paján se suma a la larga lista de “malas interpretaciones y omisiones” judiciales y administrativas que evidencian la necesidad de recomponer cada una de las funciones del Estado, con más esfuerzo que el que les tomó a los criminales descomponerlas.