TIERRA DE NADIE

Los municipios están autorizados por el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su reglamento, a cobrar el impuesto del 1.5 por mil sobre los activos a las personas nacionales o extranjeras que desarrollen actividades comerciales, industriales y financieras que estén obligadas a llevar contabilidad y que estén domiciliadas o tengan un establecimiento en la respectiva jurisdicción municipal.

Los sujetos pasivos que realicen actividades en más de un cantón presentarán la declaración del impuesto en el cantón en donde tenga su domicilio principal, especificando el porcentaje de los ingresos obtenidos en cada uno de los cantones donde tenga sucursales, y en base a dichos porcentajes determinarán el valor del impuesto que corresponde a cada municipio.

Cuando los sujetos pasivos de este impuesto tengan su actividad en una jurisdicción distinta al municipio o distrito metropolitano donde tiene su domicilio, el impuesto se pagará al municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta de producción.

¿Fácil de comprender no? Sin embargo, parece que la legislación no es clara para ciertos funcionarios varios municipios de la provincia de Esmeraldas según un informe de posición estratégica difundido por la Cámara de Comercio de Guayaquil.  Ellos cobran a las compañías aunque no tengan domicilio ni sucursales en el cantón y sobre la totalidad de los activos de la empresa en todo el país. 

Pero para agregar insulto al perjuicio ocasionado por estos malos funcionarios, no se notifica legalmente al supuesto deudor, impidiendo que ejerza su derecho constitucional a la defensa ante el respectivo municipio esmeraldeño.  Y al transcurrir el plazo para pagar el cobro indebido, estos gobiernos autónomos descentralizados (GADs) inician procesos coactivos por estas obligaciones tributarias exageradas o inexistentes, oficiando a los bancos para que retengan el dinero de las cuentas de las compañías que sufren este fraude. 

En casos que conozco, embargaron más de un millón de dólares. En ocasiones, cuando las compañías defraudadas han querido recobrar este dinero, el municipio ha dicho que ya no tiene recursos, pero que emitiría una nota de crédito para que sea usada en el futuro para cualquier pago que se tenga que realizar en ese cabildo.  De Ripley ¿no?

Todo esto nos da la impresión de que determinados ayuntamientos esmeraldeños se han independizado del Ecuador, porque no respetan la Constitución del país ni su legislación tributaria. 

Abusos de este tipo ahuyentan la inversión que tanto requerimos.  Son varias decenas de millones de dólares los que se han cobrado ilegalmente.  La Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura deben actuar en este asunto para castigar a los malhechores y con ello reafirmar el mensaje anticorrupción que la sociedad civil exige cumplir.