EL MERCADO LABORAL
Si mañana endurecieran los requisitos mínimos de edad
y tiempos de aportación para jubilarse en el IESS el problema de falta de
recursos se solucionaría temporalmente, porque los gobiernos de las últimas
décadas han usado a la seguridad social como caja chica, debilitando sus
finanzas.
La solución de fondo no es esa, sino eliminar el
monopolio público. El IESS siempre
estará mal administrado porque sus autoridades no tienen incentivos para que suceda
lo contrario. Carece de propietario que
tenga interés económico en la institución para que esta funcione eficazmente.
El IESS tendrá déficit en el área de jubilación en los
próximos años y ya sufre ese inconveniente en las cuentas de salud. Es un modelo colapsado, que requiere dar paso
a administradoras de fondos de pensiones privadas (AFP) y empresas de medicina
prepagada que compitan en servicios y rentabilidad para captar clientes. El IESS puede quedar como una opción para los
trabajadores que decidan invertir sus aportes en esa institución.
Todo esto suscitaría ahorro nacional que se
reinvertiría en la productividad. Las
AFP chilenas cumplen ese fin administrando ciento cincuenta mil millones de
dólares. Ese dinero financia el
emprendimiento y el crecimiento de las empresas. Un círculo virtuoso que sustenta el aumento
de empleos y mayores tributos que subvencionan al Estado.
Es necesario activar este
círculo virtuoso en Ecuador porque existe
una deuda en la creación de empleo para la población económicamente
activa. Solamente el 41 % de los
8´164.425 ecuatorianos que pueden trabajar tiene empleo adecuado. Esto se complementaría con otro aspecto fundamental
en una estrategia pro-empleo: crear nuevas modalidades de contratos de
trabajo. Así, los que están en las
categorías de empleo inadecuado, subempleo y desempleo podrían acceder a un
empleo adecuado. Sin derogar las
modalidades actuales, originando nuevas opciones en el sector privado para quienes
se encuentran en situación de informalidad o desempleo. La Organización Internacional del Trabajo
sugiere el contrato por horas y el contrato a plazo fijo para cumplir ese fin.
Si bien es cierto que nueve de cada diez empleos
adecuados provienen del sector privado y este ha venido cumpliendo con su rol,
las funciones del Estado no lo han apoyado, sino lo contrario.
El sector privado ha quedado imposibilitado de
contratar más, a menos que se produzcan las reformas legales pertinentes y se
mejore el ecosistema de negocios. Los
políticos deben permitir que el Derecho evolucione acorde a los tiempos que
vivimos para mejorar la calidad de vida de sus electores.
No tiene sentido financiar becas universitarias y
obstruir el financiamiento a emprendedores y empresarios. Peor cobrar impuesto a la renta en la
transferencia de acciones, evitando que capitales frescos compren compañías
locales para hacerlas crecer en números de empleos. Tampoco dificultar los negocios con
tramitología excesiva. Ni hablar de
incrementar el IVA a los seguros privados de personas con fines
recaudatorios. Es hora de simplificar
los procesos para el bienestar de la mayoría y la creación de empleos.
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