EL DERECHO AL RECLAMO

Es acertada la frase de Thomas Jefferson afirmando que “La única seguridad para todos es una prensa libre”; a menos que nos opongamos al derecho humano de opinar.  Según la Convención de Viena, la función principal de una misión diplomática es representar al Estado acreditante ante el Estado receptor.  Si Estados Unidos ha solicitado proteger la vida de Janet Hinostroza, Martín Pallares y Miguel Rivadeneira, tres periodistas cuyo pecado fue informar, el embajador Namm está cumpliendo el encargo de representar a su país.  La molestia del gobierno, prueba que la libertad de expresión es parcial.  Pareciera que al gobierno le incomoda que ciertas personas consideradas trascendentes manifiesten lo contrario a lo que difunde la propaganda oficial y la ingente cantidad de medios de comunicación bajo su control.    

Es una pena que el derecho a disentir sea mal visto, porque representa una fuente de información vital para el presidente.  El círculo de funcionarios que lo rodea solamente le entrega los datos que a ellos les conviene.  No estamos a favor del libertinaje mediático del pasado, pero la pluralidad de opiniones ciertas a través de medios de comunicación con diferentes líneas editoriales le permitiría conocer las cosas que están funcionando mal y con su evidente capacidad de trabajo, podría corregirlas.  Sería un presidente superior.  Porque no podemos negar que hemos mejorado en muchos sentidos.  No se han producido los infortunios pronosticados como consecuencia de las políticas adoptadas en su mandato.  Que una persona exponga lo que le parece incorrecto, no significa oposición.   

La justicia ordinaria parcializada, el veto al reclamo ciudadano, la defensa de causas perdidas y de personas que obraron mal empañan la gestión del gobierno.  Enmendar estos errores no debilitaría su posición política.  La fortalecería.  Podría convertirse en estadista a nivel regional.  Tiene la casta.  Es ridículo atacar la memoria de Thomas Jefferson, un personaje reconocido por las democracias mundiales.  No es revolucionario justificar actos equivocados del gobierno, comparándolos con los desaciertos de administraciones pasadas o los que se cometen otros países.  Lo oportuno es rectificarlos.