CUANDO EL DINERO ILÍCITO COMPITE
Todos hemos visto un negocio que parece tener pocos clientes, pero permanece abierto durante años. La escena plantea una realidad menos visible: cuando el dinero ilícito ingresa en la economía formal, no solo intenta ocultar su origen. También compite.
El empresario
legítimo necesita vender, pagar impuestos, mantener empleos y obtener
utilidades. Una empresa utilizada para lavar activos persigue otro propósito:
dar apariencia lícita a recursos del delito. Al no depender de la rentabilidad,
ese negocio puede soportar pérdidas, asumir alquileres desproporcionados o
vender por debajo del costo por más tiempo que sus competidores.
El daño va más
allá del ámbito penal. El capital ilícito altera precios, desplaza inversiones
honestas y ocupa espacios de la economía productiva. Esos recursos también
permiten comprar empresas e inmuebles y construir redes de influencia. La
economía criminal no opera al margen del mercado: se infiltra en él y modifica
sus reglas.
Combatirla no
exige trasladar nuevas cargas al empresario formal. Las instituciones públicas
ya reciben información tributaria, laboral, societaria y aduanera. La ley
también obliga a las empresas a identificar ante el SRI a sus beneficiarios
finales: las personas que realmente son sus dueñas o controlan sus decisiones.
El cruce de esos registros permite detectar inconsistencias que pasarían
inadvertidas si cada organismo analizara únicamente la información que posee.
El desafío no es
crear otro formulario u obligación, sino procesar esos datos mediante sistemas
de análisis automatizado, incluida la inteligencia artificial, siempre bajo
supervisión humana. Las decisiones deben responder a criterios transparentes y
sustentarse en evidencia. Las alertas deben orientar una investigación; no
reemplazan la prueba. El control no puede convertirse en licencia para
sospechar de quien fracasa. La respuesta pública debe ser proporcional y
respetar el debido proceso, la privacidad de los datos y los derechos de
terceros de buena fe.
Defender la
economía formal exige algo más que reducir cargas: proteger al empresario
honesto frente a capitales cuyo origen no está en producir riqueza, sino en
haberla arrebatado. Seguir el dinero ilícito no es solo política de seguridad:
es política de competencia.
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