CUANDO LA LEY NO PROTEGE
Con frecuencia
se afirma que esta violencia responde a patrones culturales arraigados. Es
cierto, pero no es suficiente. Las normas solo protegen cuando las
instituciones son capaces de hacerlas cumplir. En toda sociedad, la cultura
convive con el derecho. Y es la ley la que establece los límites que ninguna
conducta debería cruzar sin consecuencias.
Ecuador cuenta
con legislación destinada a prevenir y sancionar la violencia. Existen
procedimientos judiciales y medidas de protección orientadas a resguardar a las
víctimas. El desafío surge cuando esas herramientas no se aplican con la
rapidez y eficacia que la situación exige.
Para una
víctima, el tiempo no es una variable administrativa. Una denuncia que tarda en
tramitarse o una medida de protección que se demora puede significar que el
riesgo continúe. La respuesta tardía de las instituciones, en estos casos, no
es solo una dificultad procesal: puede convertirse en una forma de
desprotección.
A esta realidad
se suma un desafío institucional más profundo. Durante años, la justicia
ecuatoriana ha estado expuesta a tensiones políticas vinculadas al diseño de
organismos como el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social, responsables —directa o indirectamente— de la
administración, evaluación y control de la carrera judicial. Cuando las
instituciones que gobiernan la función judicial se ven atravesadas por disputas
políticas, la independencia se debilita y la justicia pierde estabilidad.
La independencia
judicial, consagrada en la Constitución, no es una abstracción. Es la condición
que permite que la ley proteja a los ciudadanos. Fortalecerla exige reformas
institucionales que garanticen jueces independientes, procedimientos ágiles y
un sistema capaz de responder con oportunidad.
Porque cuando la
justicia no funciona, los derechos dejan de ser garantías y se convierten en
promesas. Las promesas no
protegen a nadie.
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