LO PRIVADO FLORECE, LO PÚBLICO COLAPSA
La economía ecuatoriana presenta una paradoja cada vez más evidente: lo privado crece y aporta, mientras lo público se hunde en ineficiencia, opacidad y desconfianza. Esta dicotomía debería llevarnos a repensar el rol del Estado en sectores estratégicos, especialmente en el petrolero.
Mientras las
exportaciones no petroleras —como el cacao, el banano y el camarón— muestran
dinamismo y sostienen nuestra balanza comercial, el aparato estatal da señales
preocupantes de agotamiento. Este impulso exportador ha sido posible gracias al
esfuerzo del sector privado y a una política de apertura comercial que incluye
acuerdos con la Unión Europea, China, Corea del Sur, Canadá, República
Dominicana y Panamá.
En contraste, el
sector petrolero, controlado en su mayor parte por el Estado a través de
Petroecuador, vive una decadencia crónica. Pese a contar con reservas, la
producción cae, y cada vez se explota e invierte menos. Para colmo,
Petroecuador no publica de forma oportuna ni transparente sus estados
financieros auditados, lo que impide conocer con certeza el destino de recursos
que pertenecen a todos los ecuatorianos. La falta de rendición de cuentas
alimenta sospechas legítimas sobre lo que realmente ocurre en esa empresa.
Tal vez ha
llegado el momento de replantear todo el esquema. Una opción sería ampliar el
mercado de explotación petrolera a la inversión privada —bajo un marco
regulatorio serio, técnico y no politizado— y transformar a Petroecuador en una
empresa pública-privada, listada en la bolsa de valores más conveniente. El
Estado podría conservar una participación accionaria, pero ya no ser su único
dueño ni operador.
Esta
transformación permitiría no solo mayor eficiencia y transparencia, sino
también atraer inversión, generar empleo y recuperar competitividad. El Estado
debe concentrarse en regular y fiscalizar, no en operar sectores donde ha
demostrado ser ineficaz y costoso.
La solución no
pasa por más burocracia ni más subsidios, sino por más libertad, mayor
responsabilidad empresarial y un Estado moderno, ágil y honesto. Un Estado que
entienda que su función no es hacerlo todo, sino garantizar que todo funcione.
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