LA BRECHA DIGITAL ECUATORIANA
La suspensión
de las negociaciones de la Agencia de Regulación y Control de las
Telecomunicaciones (ARCOTEL) para la renovación de los contratos de concesión
genera incertidumbre en el sector de las telecomunicaciones en Ecuador. Esta
situación afecta tanto a los inversionistas actuales como a los potenciales,
impidiendo la llegada de más competidores y limitando el desarrollo de otras
actividades económicas relacionadas con las telecomunicaciones. Estas
circunstancias perjudican al consumidor y a la creación de empleo.
La falta de
asignación, por parte de la ARCOTEL, del espectro radioeléctrico (aire) evitan
el despliegue de redes 5G en Ecuador. Este recurso es esencial para garantizar
la calidad y la velocidad del servicio a los usuarios. Sin embargo, mientras
que en la mayoría de los países en desarrollo se permite usar en promedio 500
MHz para este fin, el Gobierno ecuatoriano apenas autoriza 280 MHz, muy por
debajo del promedio latinoamericano. Esta limitación dificulta el desarrollo de
las redes 5G y afecta la calidad del servicio a los usuarios.
Según las
estimaciones de GSMA, para el año 2025 solo el 11 % de los suscriptores móviles
en América Latina tendrán acceso a la red 5G, mientras que en Europa ese
porcentaje será el 44 %, en China del 59 % y América del Norte del 67 %.
Además, según el Banco Mundial, si el espectro de banda ancha se incrementa en 10
puntos (MHz), el PIB aumentaría 1.8 puntos porcentuales. Un informe de PwC indica
que implantar el 5G sumaría $1.3 billones a la economía mundial en el 2030, porque
impulsará nuevas aplicaciones revolucionarias en múltiples sectores como la
automatización industrial, atención médica, sistemas de transporte inteligente
y la realidad virtual, pudiendo ayudar a mejorar la prosperidad ambiental y
económica internacional.
El modelo de concesión
vigente en Ecuador es politizado y no ofrece seguridad jurídica a los
inversionistas que confiaron su capital para establecer un negocio en el país.
Es fundamental que las autoridades asuman la responsabilidad de la renovación
de los contratos, previa una negociación que concluya con acuerdos justos para
las partes. Esto es básico para proteger inversiones de aquellos que han creado
empleos adecuados en el país, pero especialmente para garantizar el soporte
tecnológico indispensable para el crecimiento económico nacional.
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